Después de las actividades de la mañana, a las 15:00 horas, bajo al lema “Vías legales, vidas seguras: migrar es un derecho”, partía desde el campus universitario hasta la playa de El Tarajal, IX Marcha por la Dignidad, en donde se finalizaría con la lectura de un manifiesto, y con la colocación de una placa en memoria de todas las víctimas de la frontera, en especial –señalan- las del fatídico 6 de febrero de 2014.

Manifiesto por la dignidad

El manifiesto achaca la muerte de “14 compañeros, hermanos”, al sistema político, económico y social que, “promociona políticas que repudian, arrinconan e invisibilizan a las personas de un determinado perfil étnico-racial con menos recursos, negándoles el derecho a la vida”, en palabras de la organización.

Porque la vida no es vida si no es digna y segura

Otra recriminación de la organización, es para la “militarización y securitización” de las fronteras de los países enriquecidos por el expolio de los recursos humanos y materiales del sur global, un “negocio criminal” que, “vende seguridad bajo una falsa amenaza”. Negocio del que “económicamente ganan los países mercenarios a costa de vulnerar los derechos humanos protegiendo los intereses de quienes les han explotado y repudiado”.

Para la organización es círculo que, “vulnera los derechos de la infancia y su criminalización, la protección hacia las mujeres, la islamofobia, el racismo, el resurgir de los discursos de odio de la extrema derecha para: crear división y fomentar el enfrentamiento racista, mientras sus instituciones siguen enriqueciéndose”.

El manifiesto, va el recuerdo por las 4.404 personas que durante 2021 han muerto y desaparecido en la frontera occidental euroafricana, por todas las personas que yacen en el fondo del mar, las enterradas sin nombre, las que no salieron del desierto, las que siguen sufriendo la crueldad de la frontera, y por la discriminación y el racismo a diario.

La organización denuncia: La criminalización hacia las personas migrantes, a las que se las estigmatiza y vulnera sus derechos. La Ley de Extranjería no permite que las personas de países del sur global puedan migrar de forma legal y segura. La industria militar y de securitización que impide el derecho a la libre circulación. Las Administraciones públicas e Interior, que operan con una falta de transparencia y opacidad vulnerando los derechos humanos bajo el amparo de la ley y de las relaciones internacionales. La dejadez en establecer un sistema digno de acogida. Y que, la burocracia, la invisibilidad y la falta de sensibilidad ante las muertes de personas en la Frontera Sur, es otra herramienta más de opresión para los familiares al impedirles o negarles que puedan identificar o dar sepultura con dignidad a sus seres queridos.

Por todo ello, exigen: La creación de un sistema de acogida digno donde se respeten y garanticen los DDHH, como los de la infancia y el estatuto de las personas refugiadas. Recursos eficientes, eficaces y protección real ante la trata de seres humanos. Los discursos intencionadamente difusos y revictimizadores se han convertido en un instrumento más de control racista y xenófobo. El cierre de los CIE o CETI, porque una falta administrativa no debe ser la causa para el encierro en “cárceles racistas en condiciones inhumanas” con la excusa de materializar la expulsión de un territorio. Una solución a la irregularidad administrativa, la cual, expone a todas las personas a un contexto de explotación. Y, por último, políticas públicas con medidas concretas y presupuesto suficiente contra los discursos de odio, el racismo y la xenofobia, donde la riqueza de la diversidad y la inclusión se reconozcan como pilares fundamentales de una sociedad democrática.

Las personas que han dado lectura al manifiesto son Ana M. Rosado Caro (castellano), Sonda Niasse (francés) y Yasmina El Haddad Ali (dariya).