La Fiscalía acusa de un presunto delito continuado de prevaricación contra la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la expulsión “directa” de menores marroquíes en base al acuerdo con Marruecos de 2007. Tras esta acusación el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se hace responsable respaldando las actuaciones de su consejera haciendo constar que: "instó, conoció y autorizó todas las actuaciones llevadas a cabo por su vicepresidenta".

Vivas esta convencido que “actuamos con honestidad en una actuación coordinada con la AGE”, y se ampara en una norma legal en vigor: el convenio suscrito entre España y Marruecos. También lo refuerza que ha sido en “beneficio del interés del menor”. Lo que califican de “retorno asistido”.

Todo ello lo basa en que fue para “responder a una emergencia humanitaria”, la cual asegura que, “desbordaba nuestras capacidades de acogida y que estaba provocada por una situación sin duda excepcional”, refiriéndose a los episodios del 17 y 18 de mayo de 2021, donde entraron 1.500 menores desde Marruecos.

Pero Deu, no es la única denunciada por la Fiscalía que ha iniciado la vía penal, también está la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos.

Quienes dieron las órdenes a las dos implicadas reciban lo que merecen

La Secretaria de Migraciones de Podemos Ceuta, ve el acuerdo de devolución de 2007 entre España y Marruecos “un atentado contra la legislación europea, la Constitución española, la Convención de Ginebra, y la de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954”. Por otro lado, la secretaria alude a la directiva de asilo, 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2013, apoyándose en que este acuerdo, “viola los derechos humanos y la decencia humana elemental”.

El líder de Podemos y Unidas, Ramón Rodríguez Casaubón, aplaude a la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, que digan que las repatriaciones son “irregulares” desde la normativa. Pero Rodríguez las califica de “reprobables” y vistas desde la ética son “absolutamente inmorales”.

Según Rodríguez, ha incidido que, Podemos Ceuta, jamás se iba a enorgullecer de “vulnerar los derechos humanos ni alinearse con quienes los vulneran, en concreto, los derechos de los niños y niñas”, así de claro han sido las declaraciones del podemita, a raíz de las repatriaciones de los menores que entraron en Ceuta en mayo alentados por Marruecos. Para Rodríguez, este tipo de actuaciones definen aquellos países que no suscriben los derechos de los menores, qué aun habiéndose comprometido, a respetarlo, no lo hacen.

Pero Ramón Rodríguez lo tiene claro y apostilla que:

"Nos definimos con nuestras actuaciones y los servidores públicos tienen la enorme responsabilidad de demostrar que estas actuaciones son coherentes con los valores que defienden y respetuosas con los derechos humanos. En el caso de las personas denunciadas por la Fiscalía ni han defendido los derechos humanos ni han tenido la sensibilidad y valentía suficiente para hacer lo correcto y éticamente justo. En mi opinión también legalmente normativo. Está en manos de la justicia y lo único que espero es que además de que se haga justicia, valga la redundancia, las personas que realmente dieron las órdenes a las dos implicadas reciban lo que merecen".

Las actuaciones en Ceuta, no velan ni lo más mínimo por los niños

Las organizaciones, No Name Kitchen, Maakum Ceuta, ELIN, Fundación Raíces y Andalucía Acoge dicen que fueron repatriaciones sin garantías (recogidas en la legislación nacional e internacional) de ser oídos los menores marroquís, entre ellos, cinco menores habían designado abogada, a la cual no se le llamó, “vulnerando así su derecho a recibir asistencia letrada”, asienten.

También estas ONGs denuncian que, la determinación del Defensor del Pueblo y de la Fiscalía de iniciar actuaciones de oficio ante la “irregularidad” de Interior de las repatriaciones de los menores acogidos, son testigos de cómo se siguen llevando a cabo. A las cuales califican de “ilegales”.

Asimismo, aclaran que, no se tiene en cuenta las circunstancias personales de cada niño, no se les notifica las resoluciones y por tanto no se les permite oponerse a la repatriación. A parte estas ONGs, no saben si se dan las condiciones para su protección en su país de origen. A lo que Marruecos decía que se velaría por los intereses de los menores, garantizando la protección de los derechos hasta reunirlos con sus padres y, lo haría a través de una institución pública de asistencia social.

Las organizaciones alertan que, el Tribunal Constitucional en el 2008, el Gobierno español, con esta actuación sentencio al Gobierno español, el cual, está vulnerando el Derecho a Ser Oído y a la Tutela Judicial Efectiva, entre otros, derechos fundamentales reconocidos en nuestra legislación, todo ello, sin que las actuaciones llevadas a cabo en Ceuta, estén velando ni lo más mínimo por el interés superior de los niños y niñas, incluso sin tener en cuenta los casos más vulnerables puesto que no se está llevando a cabo un procedimiento individualizado y con garantías.

Las ONGs insisten en la necesidad de garantizar la asistencia letrada de los niños en el procedimiento de repatriación, por ello, recordemos que más de 30 niños habían designado asistencia jurídica a estas organizaciones. Recordando que supondría un incumplimiento de la legislación española como del Derecho Internacional, contraviniendo la obligación del Estado español de velar por el interés superior del menor.

Advierten que, el Tribunal Constitucional español, reconoció el derecho de un menor marroquí a oponerse a su repatriación, considerando que tenía “capacidad y madurez suficientes” para impugnar ante la Justicia decisiones que perjudiquen sus intereses, y dicen estas ONGs, que este fallo del TC, ya garantiza desde 2008, el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los MENA por la Administración pública. Derecho que, “está siendo vulnerado por el Estado español”.