La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha remitido en la mañana del día 12 de diciembre, al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, un documento donde se hace constar, expresamente, la firme voluntad del Gobierno de España de dar continuidad presupuestaria a los compromisos adquiridos por el Estado con la Ciudad Autónoma de Ceuta, en relación a la planta desalinizadora y en materia de seguridad y control de la frontera.

De esta manera se materializa la promesa realizada por la delegada del Gobierno la pasada semana que, tras diversas conversaciones con el Ministerio de Hacienda, se comprometió a resolver esta cuestión.

La Unión General de Trabajadores de Ceuta se planteaba convocar una huelga el próximo día 20 de diciembre, que afectaría a los 35 trabajadores y trabajadoras de la sociedad AMGEVICESA, en protesta por la negativa del Gobierno en funciones a prorrogar el convenio con la Ciudad de Ceuta para sufragar los gastos de la explanada de embolsamiento de vehículos de la frontera de El Tarajal, y ante el anuncio de la propia Ciudad, de no seguir asumiendo su parte del gasto ante esta circunstancia. También la Central Sindical, exigía a ambas administraciones, que no utilicen los empleos para dirimir las diferencias políticas.

Por otro lado, la secretaria general del partido Popular, Yolanda Bel, decía que el hecho de que Pedro Sánchez se niegue a transferir los 7.200.000 euros a Ceuta, es un acto de traición a esta ciudad española y a todos los ceutíes. Aparte achaco a Pedro Sánchez de que, ha tenido engañado al Gobierno de la Ciudad hasta que se han celebrado las Elecciones Generales, porque no transferirá ese dinero, el cual se destina a servicios, tales como el suministro de agua de consumo. También advertía que el consumo del agua se vería incrementado en más del doble, pero que el Gobierno de Juan Vivas no lo iba a permitir y asumirá ese coste de las arcas de la Ciudad, la cual haría un reajuste y entre LAS NOMINACIONES estaban la reducción de la estructura de altos cargos, la bajada de sueldos para diversos altos cargos, los ceses de directores generales y personal eventual.

Recordemos que otra de las brillantes gestiones de la delegada -la cual era felicitada por la UGT- fue el asumir el pago de proveedores del anterior catering del CETI, aparte de negociar los salarios de los trabajadores que se les adeudaba, que de haberse judicializado hubiese supuesto la espera de al menos dos o tres años para que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) acabase abonando parte de los salarios adeudados.

Las gestiones impulsadas por Salvadora Mateos con la Secretaría de Estado de Migraciones, dieron su fruto, haciéndose cargo del referido servicio y de los trabajadores, la empresa ceutí, Vivera Atlántico-Mediterráneo SL.