Agresiones a sanitarios del INGESA Ceuta

Agresiones a sanitarios del INGESA Ceuta

Las agresiones al personal de INGESA en los últimos 4 años fueron: siete casos en 2019, cuatro en 2020, tres en 2021 y siete en 2022. Durante el pasado año, se comunicaron un total de diez agresiones de las que siete acaban en denuncia.

Los centros de Atención Primaria en Ceuta realizaron durante el pasado año más de 600.000 consultas y los de Atención Especializada más de 90.000.

Las agresiones físicas durante el pasado año, en una de ellas se produjo una sentencia condenatoria con una pena de multa, siendo tres personas las que denunciaron a este agresor. En la otra también fue condenada por atentado contra la autoridad, y fue condenada a cuatro meses de prisión, además de multa.

Las cuatro agresiones verbales de 2022, en tres de ellas aún no ha recaído ninguna sentencia y la cuarta se produjo un sobreseimiento y archivo.

Todos los procedimientos sobre agresiones, ya sean físicas o verbales, se inician con la solicitud del agredido con asistencia letrada, la que, es prestada por el INGESA.

El que, anima a los sanitarios a comunicar cualquier tipo de agresión física o verbal sufrida en su trabajo, porque lo que no se denuncia no existe.

thumbnail_20191009_120945PROTOCOLO DEL INGESA

Se dispone de protocolos para que la persona agredida ponga en conocimiento la agresión y reciba asesoramiento para emprender acciones legales manteniendo el anonimato.

Todas las solicitudes son tramitadas mediante escrito por la Gerencia y remitidas a la Dirección Territorial, las que, envía a la Asesoría Jurídica Central aportando también la denuncia ante la policía.

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INTERLOCUTOR POLICIAL

INGESA dispone desde el 2017 de un interlocutor policial sanitario, quien es informado de cualquier agresión en los centros sanitarios.

El Instituto y la Policía Nacional llevan una comunicación fluida para atender las dificultades en cada zona o área concreta, y así, activar medidas para prevenir las agresiones a los sanitarios.

La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función es considerada como un delito de atentado a la autoridad.

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