Desde CSIF lo han intentado todo para conseguir que la Administración cumpliese lo pactado en el IV Convenio Único e hiciese efectivo tanto el encuadramiento de los trabajadores como el pago de las retribuciones que se les adeudan. Para ello, han mantenido contactos permanentemente con Función Pública para procurar alcanzar una solución pactada, pero dado el tiempo transcurrido sin ningún movimiento por su parte y asumiendo que, “su única intención es dilatar la situación”, para CSIF, ha llegado el momento de emprender acciones contundentes que “recuerden a la administración la importancia del personal laboral de la AGE a quien ha relegado sistemáticamente y ahora parece haber olvidado del todo y exigirle que cumpla lo pactado en el IV Convenio Único”.

Es fundamental que se produzca el encuadramiento de los trabajadores para que, de una vez por todas, el IV Convenio Único, comience a surtir sus efectos en materias tan importantes como movilidad, cambio de régimen jurídico, jubilación parcial o retribuciones complementarias. Según el sindicato, la Administración no hace más que dilatar este encuadramiento sólo porque dice no tener dinero para hacer frente al pago de los atrasos y pretendía introducir en el texto del acuerdo de encuadramiento un párrafo que establecía que para que este acuerdo desplegase sus efectos económicos, era necesario el informe de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, según lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto Ley 2/2020 de 12 de enero y CSIF sabe lo que esa Secretaría de Estado les ha comunicado hace unos días que, “no hay dinero para pagar los atrasos del personal laboral”.

CSIF defiende que este acuerdo (el encuadramiento del personal) no despliega ningún efecto económico ya que no se toca el anexo III del Convenio (tablas retributivas) es simplemente un trabajo técnico, la gestión de lo que indica el propio Convenio que es el acuerdo que sí despliega efectos económicos.

En su día, allá por el mes de marzo de 2019 –recuerda el sindicato- cuando se firmó el Convenio que “ahora la Administración pretende incumplir”, sí existía –asegura CSIF- informe favorable de Hacienda (ya que es un requisito indispensable para la entrada en vigor de un convenio colectivo y así se establece en el artículo 32 de la Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018) y por tanto tenía que existir la partida presupuestaria necesaria para abordar los pagos de la tabla salarial comprometida ya que en esa fecha ya estaban prorrogados los presupuestos del 2018. De no ser así, estaríamos ante una evidente falta de buena fe negocial, lamenta CSIF

Al haberse prorrogado estos presupuestos durante el 2019 y 2020 respectivamente, la partida sí tiene que existir.

La postura de una de las partes firmantes del Convenio de no proceder al pago de las cantidades adeudadas a los trabajadores hasta que se aprueben, en su caso, los presupuestos del 2021, es una deslealtad para con el personal laboral y una gran injusticia que deja palpable, una vez más, la consideración en que la Administración tiene al colectivo y el desprecio absoluto que demuestra por la Negociación Colectiva.