CSIF se reúne la próxima semana con el ministro de Función Pública

Los empleados públicos han trabajado gratis entre 13 y 18 meses en la última década

CSIF planteará a Iceta un acuerdo para mejorar condiciones laborales, reducir la temporalidad y reforzar las administraciones públicas , tensionadas por la pandemia.
 

Los empleados públicos han trabajado gratis entre 13 y 18 meses en la última década
Cedida por CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mantendrá la próxima semana la primera reunión con Miquel Iceta, tras su nombramiento como ministro de Política Territorial y Función Pública.

En su toma de posesión, el ministro trasladó su compromiso por “seguir trabajando para mejorar las condiciones salariales y laborales” de los trabajadores públicos. CSIF le tiende la mano con voluntad constructiva para continuar el diálogo con el fin de alcanzar un acuerdo de legislatura.

En este sentido, el sindicato planteará al ministro la necesidad de mejorar las condiciones laborales, reducir la temporalidad y reforzar las administraciones públicas, que se han visto seriamente tensionadas durante la pandemia, evidenciándose sus problemas estructurales y sus carencias de recursos materiales y humanos en todos los ámbitos: sanidad, educación, Administración General del Estado, Justicia, fuerzas de seguridad, emergencias, entre otros servicios.

Según CSIF, en los últimos 10 años se han destruido 100.916 puestos de trabajo y los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010. Esto supone que los empleados públicos han trabajado gratis entre 13 y 18 meses en la última década.

Por otra parte, la Central advierte que la temporalidad en las administraciones públicas se sitúa ya en el 30 por ciento, casi diez puntos por encima del sector privado. Para CSIF, esta situación provoca por ejemplo que la sanidad prescinda de 11.325 empleos en enero y febrero, en plena tercera ola, según datos de la Seguridad Social. La interinidad-añade- la han provocado las administraciones y su solución pasa por la voluntad política para acometer una reforma, con seguridad jurídica, que resuelva esta situación.

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