El Sindicato de Policía Local de la FeSP-UGT denunció públicamente el año pasado el acoso y persecución al que estaba sometiendo el superintendente Jefe de la Policía Local a los agentes del Cuerpo, debido a las ausencias por enfermedad sin baja.

UGT ya manifestó su más absoluta indignación con el superintendente Jefe de la Policía Local, Sebastián Vega, que se estaba tomando atribuciones que le correspondían a la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo y no a él. También el Sindicato afirmo que se habían vulnerado derechos básicos de los funcionarios, recogidos en el Acuerdo Regulador, interpretando de forma unilateral artículos del mismo para lo que “no tiene ni competencia, ni capacidad, como ha quedado demostrado judicialmente, dando instrucciones a los mandos intermedios de cómo los agentes deben comunicar y justificar sus ausencias por enfermedad al Servicio Médico de la Ciudad, confundiendo el Acuerdo Regulador con las Ordenanzas Militares”.

Desde el SPL-UGT le recuerdan e insisten al superintendente Jefe, al director general de RR.HH., al consejero de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo que para detraer parte de las retribuciones de funcionarios, existe un procedimiento regulado por el Convenio y la Ley de Procedimiento Administrativo que se estaba vulnerando, hecho que ha quedado sobradamente ya que la justicia nos ha dado la razón en varias sentencias favorables.

En las Sentencias, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Ceuta manifiesta que en los casos denunciados, los funcionarios justificaron su ausencia por enfermedad sin baja conforme a la normativa vigente y donde la Administración podría haber comprobado la veracidad de la indisposición alegada a través de los servicios médicos municipales, limitándose a detraer directamente de la nómina la cuantía de esa ausencia, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

Ello demuestra –dice UGT- “la ignorancia e incompetencia” que además de tener que reintegrarles el importe detraído a los funcionarios, la Administración tendrá que hacer frente a las costas con el dinero de todos los ciudadanos, “cuando por dignidad deberían pagarlas de su propio bolsillo”.