El Juzgado de lo Social de Ceuta vuelve a dejar en evidencia por enésima vez al Gobierno de la Ciudad. Otra sentencia más, dice UGT, en contra del presidente Vivas, debido a la “nefasta gestión”, que es prueba “irrefutable” de que, los juzgados de lo Social como los del Contencioso tienen que “corregir las numerosas arbitrariedades contrarias a derecho, y sentencias que va recurriendo y perdiendo en las instancias superiores ya que lo hace con el dinero de los impuestos de los ciudadanos”, aclara la UGT rematando que, “para colmo son las victimas de estas tropelías”.

En este caso se trata del el Plan de Empleo de Recualificación Profesional para mayores de 45 años que afecta a 117 trabajadores, que para el sindicato es uno de los múltiples instrumentos que emplea el Gobierno de la Ciudad para “conseguir mano de obra a bajo precio, en lugar de convocar ofertas de empleo público decentes”.

La sentencia estima íntegramente los argumentos jurídicos del letrado de la UGT, al considerar que la selección por parte de la Ciudad de los trabajadores y sus salarios no fueron negociados en la Mesa General de Negociación de la Ciudad. Asimismo, también las retribuciones acordadas tampoco se ajustaron a las vigentes.

Para UGT es fruto de la errática política de personal desarrollada, los últimos diez años de Gobierno Vivas que, amortizaba plazas en lugar de sacarlas a oferta pública y cubría esas vacantes de forma irregular con planes de empleo, colaboración social o, incluso, con trabajadores de empresas municipales. Lo que para UGT se traduce en una mano de obra más barata y precaria, “construyéndose una enorme cohorte de aduladores con escandalosos salarios”.

Desde UGT dicen conocer que después de haber ganado sentencias, Vivas esquivará su cumplimiento mediante “tretas”, cambiando el nombre a los cargos o recurrirlas a instancias superiores. Pero la UGT advierte lo que va a suceder, intentará hacer contrataciones baratas a través del SEPE, para destinarlos de manera oculta a puestos del Ayuntamiento, por lo que, “nuestra respuesta va a ser contundente”.

Ya le advirtió el Tribunal Supremo que estas tácticas suponen un fraude de Ley y que, con esta Sentencia del Juzgado de los Social, que le dice cuáles son los instrumentos legales para ocupar plazas en la Ciudad Autónoma, si no lo entiende, le aclaramos que, “se acabó el juego, ahora a pagar a los trabajadores”.

Desde UGT, cuantifican que las reclamaciones individuales de los trabajadores ascenderán a cerca de los 500.000 euros y es que, “ya se sabe, lo barato termina saliendo caro”.