La FeSP-UGT interpuso una demanda Contencioso Administrativa por el nombramiento como Viceconsejeros de personas no electas. En recurso de Casación el Tribunal Supremo ha dictaminado que todos los miembros del Gobierno de Ceuta deben ser electas, dando la razón a la FeSP-UGT. Por tanto, ha declarado nulos los nombramientos de viceconsejeros y consejeros no electos.

Por ello, el presidente de la Ciudad para dar cumplimiento al Contencioso Administrativa, en un decreto del BOCC de 10 de noviembre de 2017, ha dispuesto la supresión de las Viceconsejerías y el cese de sus respectivos titulares: María del Mar Sánchez Hidalgo, Presidencia; Alfonso Conejo Rodríguez, Medio Ambiente; Mina Mohamed Laarbi, Servicios Urbanos; José Luís Fernández Medina, Gobernación; Adela María Nieto Sánchez, Programación Cultural y Fiestas; Alejandro Ramírez Hurtado, Economía, Comercio y Turismo y Benjamín Álvarez Hortas, Consumo y Transporte Urbano.

Pues bien, el PSOE de Ceuta entiende que la solución que el Gobierno ha adoptado para la recolocación de seis de los siete viceconsejeros que se ha visto obligado a cesar, para cumplir con lo ordenado en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que entiende que los viceconsejeros tienen que ser cargos electos, “es una burla a la sentencia”.

Según manifiesta el secretario general de los socialistas, Manuel Hernández, que ya solicitó al Gobierno cuando se conoció la sentencia que acatase la misma, la solución de crear una nueva dirección general y cuatro puestos de asesores delegados, “es una exageración, un récord histórico en la institución y un despilfarro de los recursos de todos los ceutíes”.

Al Gobierno se le olvida que en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo se dice textualmente “Así, no puede pasarse por alto el aspecto en que insiste el escrito de oposición y que ya planteó la Federación de Servicios Públicos de UGT de Ceuta en la apelación y antes en la instancia. Es decir, la calificación de fraude de ley que atribuye a la actuación de la Ciudad de Ceuta y a la vulneración de su derecho a la tutela judicial porque se ha privado de efecto a la anulación judicial del inicial nombramiento de la Sra. Álvarez Rodríguez como Subdirectora General de Empleo”. Por lo que Hernández explica, “no compartimos la solución adoptada por el Ejecutivo, la que no apoyaremos porque somos respetuosos con la Justicia”.

El secretario general prosigue que “a pesar de contar con tantos cargos públicos, pagados con dinero de todos los ceutíes, es ahora cuando la institución está trabajando de forma más ralentizada, introduciendo más burocracia en los procesos con tantos mandos para tan pocos operarios”.

Por último, Hernández deja claro que “el modelo de gestión lo ha anquilosado el ejecutivo del Partido Popular en los últimos 19 años. Y no se trata de mostrar músculo sino de trabajar con eficacia y eficiencia en la gestión”