El 13 de diciembre de 2019, el Partido Nacionalista Vasco presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de reforma de la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Esta pretensión de los nacionalistas ha encontrado desde un primer momento la clara y firme oposición de su principal destinatario: las fuerzas y cuerpos de seguridad. Desconfianza hacia los agentes del orden; burocratización de sus actuaciones y conversión del criminal en víctima trufan un texto que, más allá de profundizar en la garantía de derechos y libertades de los ciudadanos, condena a estos servidores públicos a permanecer pasivos ante actividades criminales. Pero no se muevan que aún hay más.

Fruto del voto a favor del binomio PSOE-Unidas Podemos, junto con sus socios proetarras (entre los que no podía faltar EH Bildu), este disparate sigue adelante. No importan las protestas de las FCS, no importan las barbaridades del texto, no importan los ciudadanos… Ésta es su política. La sucia política a la que nos tienen tristemente acostumbrados. Pero que ha encontrado en VOX su nota discordante. A modo de ejemplo sirven las múltiples manifestaciones de rechazo que nuestro partido ha proferido a lo largo y ancho de la geografía nacional. Justamente, el 1 de febrero de 2022, desde el Grupo Parlamentario VOX Ceuta, presentamos una propuesta para que el Gobierno de Ceuta instase al Gobierno de España a:

“Defender el mantenimiento de la dignidad de las FCS, intimidad y el principio de autoridad que la actual legislación les asegura, así como dotarles de los medios materiales y jurídicos adecuados para el desempeño de su labor, y solicitar la retirada de cualquier iniciativa de modificación de la ley de seguridad Ciudadana que pueda vulnerar la actuación de las FCS en el ejercicio de sus funciones”.

Para nuestra sorpresa, tras la defensa de la misma por parte de un servidor, recibimos la delirante respuesta de la representante del PSOE, la cual, en un ejercicio de cinismo supino, limita su respuesta a decir que todo expuesto es falso. Es decir, que todas las legítimas críticas vertidas al unísono por las fuerzas y cuerpos de seguridad, de las cuales este representante se hizo eco, eran poco menos que una vulgar mentira. Debo aquí confesar mi perplejidad ante el ejercicio mayúsculo de hipocresía, indignidad, demagogia, y manipulación de la vicepresidente primera de la Asamblea. ¿Cómo se puede tener la desfachatez de negar la evidencia con tal descaro? Se trata de una documentación publicada y aportada por su grupo, el grupo comunista, los partidos separatistas y los proetarras, que es fácilmente contrastable en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Este cinismo supino, es algo que debería sorprender y avergonzar a cualquier persona decente, la cual debería reflexionar sobre el esperpento contemplado.  Esta demostración de mentira compulsiva es indigna de una persona que ocupa y representa a la ciudadanía de Ceuta. Por ello, debería pedir públicamente a los sindicatos de todas las policías de España, así como a las asociaciones de la Guardia Civil, perdón por haberlos llamado mentirosos. Y es que, no sólo ha atentado contra el honor y la dignidad del que suscribe, o el grupo VOX al que represento, sino que ha difamado a todos los representantes de los sindicatos y asociaciones de las fuerzas de seguridad de España.

Es indignante que una representante de la soberanía popular cuya desfachatez supera todos los límites éticos y morales represente la ciudadanía. Pero claro, si uno reflexiona y estudia un poco la historia criminal de las siglas a las que representa, si uno se fija en los actos de esta vergonzante vicepresidente primera, la cual ocupa una vivienda de protección oficial pensada para jóvenes sin recursos, entonces comprendamos que la insolencia y el descaro de la representante público son acordes a su moral, a su trayectoria y a la de su partido, el indigno PSOE.

Pero, aun así, procedo a responder a la caterva de disparates y cada uno de los postulados de nuestra padecida vicepresidente primera de la Asamblea. Que el lector vea, reflexione y juzgue conforme a los datos objetivos aquí expuestos:

-Vicepresidente primera: <<La reforma no va a obligar a devolver a un manifestante a su sitio de origen>>.

Respuesta: FALSO.  De conformidad con lo dispuesto en la modificación propuesta del apartado 4 del artículo 16 se establece que:

<<Salvo que el traslado a dependencias policiales fuera por causa imputable a la persona desplazada, tendrán derecho a que se les devuelva a su salida al mismo lugar donde no pudo realizarse la identificación por los agentes».

 -Vicepresidente primera:<<No es cierto que se levante la prohibición de difundir imágenes de la Policía ni de la Guardia Civil>>.

Respuesta: FALSO. En la reforma propuesta se suprime el apartado 23, del artículo 36. Este artículo es, precisamente, el encargado de considerar como infracción grave:

 <<El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad…>>.

No es difícil de entender que, en caso de que no esté previsto como infracción, no podrá sancionarse este hecho.

-Vicepresidente primera: <<La reforma no elimina la necesidad de comunicar las manifestaciones>>.

Respuesta: FALSO. En la modificación propuesta de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, se pretende introducir en el artículo octavo la siguiente exención:

<<No requerirá comunicación previa alguna la celebración de reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas con ocasión de hechos o situaciones cuya respuesta por la opinión pública no admita demora a costa de quedar obsoleta y que no incurran en los supuestos a que se refiere el artículo 5 de la presente Ley>>. 

-Vicepresidente primera: <<No desampara a los agentes porque estos ya tienen “protección legal”, otra cosa es que hagan lo que no tienen que hacer>>.

Respuesta: FALSO. La modificación pretendida está plagada de cuestionamientos a la actuación de los agentes (la misma vicepresidenta lo hace al señalar a los agentes cuando <<no hagan lo que tienen que hacer>>) y de trabas que les dificultan su actuación y, por ende, la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. Por ejemplo, en la modificación propuesta del artículo 20.2, relativo al registro corporal, se impide efectuar registros que exijan dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa salvo que <<exista una situación de urgencia por riesgo inminente para los agentes>>. Esto lleva a que los agentes no puedan inspeccionar el cuerpo de una persona, aun cuando se sepa que porta armas o explosivos, si tales armas no están destinas a atentar contra el agente porque los agentes solo podrían actuar si <<es urgencia por riesgo inminente para los agentes>>.  Conste que EH Bildu va más allá y propone que no puedan efectuar registros corporales directamente.

-Vicepresidente primera: Alaba la proposición de ley diciendo que: <<esta ley pretende una defensa integral de los derechos y libertades, no solo de las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sino también de los ciudadanos>>.

Respuesta: FALSO. Puede resultar una buena ley para los estándares del socialismo, el separatismo, los proetarras y el comunismo, pero para VOX y para los ciudadanos de bien NO. Es una proposición de ley imprecisa, plagada de redundancias, con una pésima redacción y en la que lo único claro que se encuentra es la criminalización y desprecio por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por la protección de los ciudadanos. Por no mencionar el desprecio explícito hacia Ceuta y Melilla contemplando la posibilidad de que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera no puedan ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.

En definitiva, se puede decir alto y claro sin temor alguno a faltar a la verdad que la vicepresidente primera de la Asamblea de Ceuta MIENTE.