Ceuta pide más fondos para vivienda mientras el PSOE acusa al PP de no aportar fondos propios
La vivienda vuelve a colocar frente a frente al Gobierno de la Ciudad y al PSOE. El punto de partida es el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que asigna a Ceuta 800.000 euros en 2026 y una inversión total de 7 millones hasta 2030. Para el Ejecutivo local, esa cantidad necesita refuerzo mediante convenios específicos con el Estado. Para los socialistas, el problema es otro: el Gobierno de Juan Vivas reclama en Madrid una inversión que no ha querido incluir en sus propios presupuestos.
El choque llega después de la Conferencia Sectorial de Vivienda, en la que se aprobó por unanimidad el reparto de fondos del nuevo plan estatal. El Ministerio de Vivienda sitúa el acuerdo dentro de una estrategia nacional dotada con 7.000 millones de euros, con una primera anualidad de 800 millones para 2026. El modelo fija además una corresponsabilidad financiera: el Estado aporta el 60% y las comunidades y ciudades autónomas, el 40% restante.
Ceuta pide convenios específicos para llegar más lejos
El vicepresidente primero y consejero con competencias en Vivienda, Alejandro Ramírez, defendió en la sectorial que Ceuta necesita una colaboración directa del Estado para desarrollar sus principales proyectos de vivienda pública. La Ciudad considera que los 7 millones asignados en el Plan Estatal de Vivienda son insuficientes para atender las singularidades locales.
Ramírez apoyó esa petición en tres factores: la escasez de suelo, la limitada superficie territorial de Ceuta y los sobrecostes derivados de su condición extrapeninsular. Con ese argumento, planteó al Ministerio la conveniencia de articular fórmulas complementarias de financiación mediante convenios específicos.
La Ciudad trabaja en dos grandes líneas. La primera es el Plan de Vivienda de Ceuta 2026-2030, aprobado por la Asamblea, que contempla la construcción de 1.000 viviendas públicas con una inversión global de 180 millones de euros, de los que el Ejecutivo local asumiría el 50%.
Dentro de ese plan aparece el papel de Casa 47, antes SEPES, sobre parcelas estatales en Loma Colmenar ya urbanizadas y preparadas para la construcción de unas 430 viviendas. La segunda actuación se centra en los 140.000 metros cuadrados cedidos por el Ministerio de Defensa, donde ya se han iniciado trabajos técnicos para diseñar futuras promociones residenciales.
Según la Ciudad, el Ministerio se mostró receptivo a colaborar en esos proyectos concretos, tanto en Loma Colmenar como en los terrenos cedidos por Defensa. La lectura del Ejecutivo local es que esa cooperación permitiría acelerar actuaciones estratégicas y aumentar el parque público residencial.
El PSOE acusa al PP de pedir fuera lo que no presupuesta en casa
El PSOE de Ceuta sostiene justo lo contrario. Los socialistas acusan al Gobierno de Vivas de reclamar al Estado lo que no está dispuesto a financiar con recursos propios. Su crítica se centra en la distancia entre los 70 millones que, según el PSOE, Alejandro Ramírez reclamó en Madrid y los 2 millones que el Ejecutivo local ha presupuestado para vivienda pública en 2026.
Esa partida, recuerda el PSOE, supone menos del 0,5% de un presupuesto total de 424 millones de euros. Para los socialistas, esa cifra desmiente el compromiso del PP con la vivienda y contrasta con el discurso mantenido por Vivas en el Debate del Estado de la Ciudad, donde defendió que el plan “no es humo” y que antes de acabar la legislatura estaría en marcha el 70% de las 471 viviendas asignadas a la Ciudad.
El PSOE también recuerda que presentó una enmienda para elevar de 2 a 12 millones la partida destinada a vivienda en los Presupuestos de 2026, una propuesta que fue rechazada por el Gobierno local. A partir de ahí, la formación interpreta que el Ejecutivo de Vivas no está financiando con fondos propios el plan que anuncia públicamente.
Los socialistas añaden otro elemento a su crítica: a los 7 millones previstos para Ceuta en el Plan Estatal de Vivienda se suman, según su lectura, los 60 millones vinculados a la cesión de 140.000 metros cuadrados de suelo de Defensa. Lo presentan como un hito histórico para la ciudad, pero también como una prueba de que el empuje principal procede del Estado.
El fondo: promesas, suelo y financiación
El debate político se concentra en una pregunta sencilla: quién va a pagar realmente las viviendas prometidas en Ceuta. El Gobierno local defiende que la ciudad necesita apoyo específico por su falta de suelo, sus costes y sus limitaciones territoriales. El PSOE replica que esas dificultades no justifican una partida propia de solo 2 millones en un presupuesto de 424 millones.
En paralelo, los socialistas insisten en que las promociones previstas no han arrancado al ritmo anunciado. Hablan de siete actuaciones que debían haber comenzado entre 2025 y mediados de 2026 y sostienen que no se ha puesto “ni un ladrillo”. En ese bloque citan Huerta Téllez, Pozo Rayo, Monte Hacho, Huerta Molino y Plaza Nicaragua como ejemplos de proyectos pendientes.
La posición del PP descansa en una idea: Ceuta necesita convenios específicos para que el Plan Estatal de Vivienda tenga impacto real en una ciudad con escasez de suelo y sobrecostes. La del PSOE se apoya en otra: sin una apuesta presupuestaria local suficiente, el plan de las 1.000 viviendas corre el riesgo de quedar en promesa política financiada por otros.
La vivienda queda así convertida en uno de los grandes frentes de la legislatura. El Estado ha puesto sobre la mesa una asignación para Ceuta dentro del nuevo plan; la Ciudad pide más instrumentos para ejecutar sus proyectos; y el PSOE señala la contradicción entre prometer un millar de viviendas y reservar solo 2 millones propios para vivienda pública en 2026.