Las devoluciones destapan nuevas denuncias acorralando a Mateos y Deu
La exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos (PSOE), y la exvicepresidenta del Gobierno local, Mabel Deu (PP), se enfrentan a una posible inhabilitación de hasta 15 años por la repatriación en 2021 de 55 menores marroquíes no acompañados. El juicio ha quedado visto para sentencia tras la declaración del exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, quien negó haber ordenado la aplicación del acuerdo bilateral con Marruecos.
La fiscal jefe de Ceuta, Silvia Rojas, ha calificado los hechos como un "comportamiento gravemente irresponsable", alegando que las devoluciones se hicieron sin expedientes individualizados, sin audiencia ni asistencia letrada, y sin participación del Ministerio Fiscal. Según Rojas, Deu y Mateos actuaron desoyendo advertencias internas y sin garantías documentales, "cosificando a los menores".
Ambas dirigentes han responsabilizado al Ministerio del Interior, asegurando que actuaron siguiendo instrucciones del ministro Grande Marlaska y del entonces secretario de Estado, Rafael Pérez. Mateos ha declarado que se sintió respaldada por la fiscalía, mientras que Deu aseguró que se le garantizó la legalidad del procedimiento. Sin embargo, el propio Pérez negó haber emitido orden alguna.
Testimonios como el de Antonia Palomo, jefa del Área de Menores, alertaron de la posible ilegalidad. Otros, como el jefe de gabinete de la Delegación en 2021, señalaron que las órdenes venían "directamente de Madrid". Desde el Ministerio de Derechos Sociales se advirtió a Interior del incumplimiento normativo.
El caso ha revelado una falta de coordinación entre instituciones y una posible vulneración de la Convención de los Derechos del Niño. La sentencia podría marcar un antes y un después en la gestión institucional de menores migrantes en situaciones de crisis.
Amnistía Internacional ha sido tajante: considera que lo sucedido es reflejo de una política migratoria que vulnera derechos fundamentales. La organización subraya que las devoluciones de menores fueron ilegales y realizadas sin tener en cuenta el interés superior del menor, como exige la ley. Además, denuncia que las autoridades actuaron al margen del procedimiento legal, con prácticas que podrían considerarse trato degradante.
En su informe, Amnistía también denuncia que acceder al derecho de asilo en Ceuta es casi imposible. Cita la impunidad con la que actúan las fuerzas de seguridad del Estado en frontera, la colaboración entre autoridades españolas y marroquíes, y la falta de acceso efectivo a los procedimientos legales como obstáculos principales. Asegura que estos impedimentos fuerzan a muchas personas a tomar rutas peligrosas, como el cruce a nado o en embarcaciones precarias.
La ONG exige una investigación independiente y eficaz sobre las vulneraciones cometidas, el fin de las devoluciones sumarias y la implementación de medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos en la frontera sur. También insta a una mayor transparencia y responsabilidad institucional.
Algunos menores, todavía en condiciones inadecuadas
Amnistía Internacional ha visitado varios centros de menores en la ciudad autónoma, que tutela a cerca de 400 niños (y solo cuatro niñas) repartidos en nueve instalaciones. La ONG considera especialmente preocupante que algunos de estos menores sigan alojados en estructuras precarias como naves industriales o módulos prefabricados. Es el caso del centro de primera acogida Nueva Esperanza, situado en una nave dentro de un polígono industrial abandonado, cuyas condiciones distan mucho de ser las adecuadas para el cuidado infantil.