La condena a 35 años y medio de prisión a un agente de la Policía Local por el asesinato de su pareja mientras estaba de servicio ha puesto en el punto de mira a la ciudad autónoma. El fallo judicial no solo establece esta pena, sino que condena al Gobierno local como responsable civil subsidiario a indemnizar a la familia con 875.000 euros, una cantidad que no estaba contemplada en los presupuestos.

Desde el MDyC, lo tienen claro: no hay que recurrir. Para el partido localista, lo ocurrido no solo evidencia un crimen atroz, sino también una cadena de errores y negligencias administrativas que deben asumirse. Consideran que, más allá de las responsabilidades penales, la Ciudad ha fallado en sus mecanismos de control y prevención, permitiendo que una persona con antecedentes psicológicos y problemas de conducta portara un arma reglamentaria.

La sentencia apunta directamente a la "inexistencia de controles" en la Policía Local: supervisión deficiente, protocolos médicos inadecuados y fallos en el sistema de custodia de armas. El MDyC ya alertó en Pleno de la gravedad del caso cuando el Gobierno introdujo una partida de 600.000 euros para posibles sentencias. Aquella previsión, lejos de calmar, confirmó que el Ejecutivo conocía el riesgo.

La formación que lidera Fátima Hamed exige que se refuercen urgentemente los mecanismos de control en la Policía Local. Rechazan que se cargue a los ciudadanos con el coste económico de errores institucionales y reclaman una reparación no solo económica, sino moral: no recurrir la sentencia, acatarla y asumir el fallo como un punto de inflexión.

El caso, ocurrido en la calle Arquitecto Jaime Antón Pacheco de Ceuta, tuvo como víctima a una mujer de 47 años, madre de dos hijos, asesinada por su pareja con el arma reglamentaria. La hija presenció los hechos y fue incriminada por la defensa del condenado durante el juicio. La Delegación del Gobierno confirmó que se trató de un crimen de violencia de género. El agente, que se encontraba de servicio en el Mercado de San José, fue detenido inmediatamente.

Desde el Gobierno local, Alejandro Ramírez ha declarado que se analizará la sentencia y se decidirá si recurrir o no, insistiendo en el carácter "técnico" del procedimiento. Sin embargo, la sentencia deja claro que hubo fallos administrativos graves, como la ausencia de armero operativo, la retirada previa del arma en 2001 y 2007, y la falta de seguimiento adecuado a su estado mental.

Para el MDyC, esta tragedia obliga a repensar la gestión interna de la Policía Local y a establecer controles firmes que prevengan nuevas tragedias. Porque, más allá de la sentencia, la ciudadanía merece respuestas, responsabilidades y garantías de que esto no volverá a ocurrir.