El PSOE de Ceuta ha presentado un recurso de reposición contra el expediente de compra del edificio destinado a albergue social, al considerar que el Gobierno no ha aclarado las numerosas "irregularidades" que lo rodean.

Esta vía administrativa permite pedir al mismo órgano que dictó la resolución que la revise por posibles errores, sin necesidad de acudir directamente a los tribunales.

La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, respondió en el último Pleno, pero no despejó las dudas. El PSOE acusa al Ejecutivo local de falta de transparencia y de alimentar la sospecha pública.

El grupo socialista reprocha que no se haya explicado el posible sobrecoste del inmueble ni por qué los informes los firman cargos políticos. El secretario general de los socialistas ceutíes, Miguel Ángel Pérez Triano, tiene claro que:

“Lo que vimos fue un intento de justificar una operación sin claridad”.

También cuestionan que se presente como gesto de transparencia el hecho de haber publicado la licitación en el BOCCE. “Cumplir la ley no es transparencia”, señalan.

Según el PSOE, el expediente tiene carencias graves: no se acredita si existen inmuebles alternativos en Ceuta, falta un estudio de mercado y no hay calendario definido para ejecutar la compra. Además, los criterios de valoración les parecen diseñados para limitar la competencia.

Lamentan que hayan pasado 20 meses sin ejecutar los fondos asignados por el Estado y denuncian que ahora se quiera resolver con prisas y sin garantías. Añaden que el informe de valoración consta de solo cuatro párrafos y admite que no puede determinar el valor real del edificio.

El PSOE también desmiente que el precio sea el criterio más importante del concurso. Asegura que representa un 45 % de la puntuación, cinco puntos menos de lo que afirma la consejera. El resto corresponde a la cercanía a Servicios Sociales y al tamaño del edificio.

“Esto no garantiza eficacia, ni legalidad, ni equidad. Y lo más grave: puede poner en riesgo la financiación europea”, concluye el PSOE, que advierte que acudirá al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía o a donde haga falta.

Por ahora, el Gobierno no ha informado públicamente de la ubicación del inmueble. El PSOE también reprocha que ni siquiera se haya acreditado si existen otras alternativas en Ceuta, lo que refuerza, dicen, la falta de transparencia que denuncian.