INGESA reconoce que la sanidad publica estuvo meses sin psiquiatras
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) reconoce que el Servicio de Psiquiatría de Ceuta dejó de funcionar con sus propios especialistas tras la baja simultánea de los cuatro psiquiatras de su plantilla estructural desde el pasado mes de julio.
El organismo admite que, ante esta situación, fue necesario activar medidas extraordinarias para evitar que los pacientes quedaran sin atención. Entre ellas, la contratación urgente de la Clínica Hospiten de Estepona para consultas externas y la coordinación con el Servicio Andaluz de Salud para la hospitalización de pacientes en centros de Jerez, Puerto Real y La Línea.
Durante ese periodo también se derivó la atención infantojuvenil a la Clínica Nuestra Señora del Rosario de Algeciras.
En total, se derivaron 68 pacientes, con una media de entre uno y dos ingresos semanales.
El comunicado confirma que desde el 2 de febrero el Servicio de Psiquiatría funciona de nuevo con medios propios, con consultas externas y hospitalización para población adulta e infantojuvenil.
Las consultas externas de adultos se vienen desarrollando desde hace varios meses en la Unidad de Salud Mental de la avenida Otero y continuarán prestándose en esta ubicación.
La plantilla actual está compuesta por cuatro psiquiatras en activo —con una quinta plaza ampliada—, cuatro profesionales de Psicología y un profesional de Enfermería.
INGESA informa además de que se encuentra en fase de adjudicación un contrato con la clínica SEPTEM, en Ceuta, como recurso complementario ante posibles contingencias, y de que continúa la ejecución de la futura Unidad de Salud Mental Infantojuvenil.
El propio comunicado sitúa así como excepcional una situación en la que el servicio quedó sin sus cuatro especialistas, obligando a externalizar consultas y a derivar ingresos fuera de la ciudad hasta recuperar la plantilla.
Durante esos meses, la atención psiquiátrica especializada dejó de prestarse íntegramente en Ceuta y pasó a depender de recursos sanitarios ubicados fuera de la ciudad, tanto en clínicas privadas como en hospitales del sistema andaluz.
Esta circunstancia implicó traslados continuos de pacientes fuera del territorio, con la consiguiente pérdida temporal de autonomía asistencial en esta área.
CCOO denunció que esta dinámica estaba sobrepasando el servicio de ambulancias en la ciudad, al incrementarse los desplazamientos para ingresos y consultas fuera de Ceuta.
La situación se produjo además en un contexto de confrontación política en la Asamblea, donde ya se había debatido y reprobado la gestión de la salud mental en la ciudad.
En paralelo, INGESA negó que se estuviera produciendo una privatización del servicio. El organismo sostuvo que las derivaciones y contratos externos respondían a medidas puntuales ante una situación excepcional y no a una externalización estructural.
La diputada Julia Ferreras denunció que muchas familias estaban recurriendo a clínicas privadas fuera de Ceuta por la falta de recursos públicos.
Ante estas críticas, INGESA negó de forma tajante cualquier intento de privatización. Aseguró que su prioridad es mantener una atención pública y universal, incluso en situaciones excepcionales.
Asimismo, lamentó los mensajes "alarmistas y falsos" que atribuyó a intereses políticos y reafirmó su compromiso con el refuerzo de la salud mental, garantizando que ningún paciente quedaría sin atención.