Aprobadas nuevas normas para mercados y se amplía el acceso a ayudas sociales

El Pleno de la Asamblea dio luz verde este miércoles a dos reglamentos impulsados por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. La consejera Nabila Benzina defendió ambos textos, que afectan a la regulación de los mercados de abastos y a las prestaciones económicas de servicios sociales.

El nuevo Reglamento de Mercados, aprobado inicialmente y pendiente de exposición pública, sustituirá al vigente desde 1998. Elaborado con la participación de concesionarios y equipos técnicos, jurídicos y sanitarios, permitirá cambios de actividad siempre que se respete la normativa sanitaria, la unión de hasta tres puestos para proyectos empresariales de mayor dimensión y una mayor flexibilidad horaria, incluida la apertura en horario de tarde. Benzina subrayó que el objetivo es "facilitar el acceso y la actividad de los concesionarios", aunque advirtió de que "no se pueden permitir puestos cerrados".

El Reglamento de Prestaciones Económicas de Servicios Sociales, aprobado de forma definitiva tras un año de trabajo e incorporación de alegaciones de los grupos políticos, sube el umbral del IPREM hasta 2,5 veces para ampliar el número de familias con acceso a las ayudas y deduce el 50% de los gastos de alquiler o hipoteca del cómputo de ingresos. Benzina defendió un reglamento "vivo", elaborado con ejemplos reales de familias "para que no se quede nadie atrás".

El PSOE votó en contra y denunció que el Gobierno rechazó la práctica totalidad de sus enmiendas. La responsable de Política Autonómica socialista, Raquel Miaja, afirmó que el texto "deja desprotegidas a las familias más vulnerables". Los socialistas critican que se mantenga el criterio de "signos externos y formas de vida" para evaluar ingresos, al que califican de subjetivo y arbitrario, y un plazo de resolución de tres meses que consideran inasumible en situaciones de emergencia social.

El grupo reconoce mejoras puntuales: la deducción del 50% en hipoteca o alquiler, la protección de víctimas de violencia LGTBIfóbica en el empadronamiento y la inclusión de calentadores y termos en las ayudas para electrodomésticos, aunque su balance global es negativo.