CSIF propone movilizaciones por el impago de la subida salarial pendiente
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que el Gobierno aún no ha aplicado la subida salarial del 0,5 % correspondiente al año 2024 ni ha actualizado los sueldos en 2025 conforme al IPC. Según sus cálculos, esto supone un déficit medio de 1.200 millones de euros en retribuciones para el conjunto de empleados públicos.
El sindicato exige que el Ejecutivo apruebe por decreto estas subidas, como ya hizo en los años 2020 y 2024, y recientemente en marzo con el personal militar. Ante la inacción del ministro de Función Pública, Óscar López, CSIF anuncia que pedirá formalmente al presidente del Gobierno que intervenga directamente.
La central también ha propuesto a UGT y CCOO organizar una gran protesta en toda España para que el Gobierno negocie un nuevo acuerdo y abone la subida salarial. Además, plantea una Proposición de Ley que garantice la revalorización automática de los sueldos públicos cada año conforme al IPC, al igual que ya ocurre con las pensiones.
CSIF insiste en que la pérdida de poder adquisitivo está agravando la precariedad en las administraciones, y exige medidas adicionales como eliminar la tasa de reposición, recuperar la jornada laboral de 35 horas, implantar la carrera profesional y el teletrabajo en todo el país, y avanzar en la equiparación salarial entre administraciones.
También denuncian que más del 30 % de los empleos públicos son temporales, muy por encima del límite del 8 % pactado con Bruselas, lo que podría derivar en sanciones a España. Pese a las ofertas de empleo de los últimos años, un tercio de las plazas sigue sin cubrir.
CSIF advierte que, si el Gobierno no reacciona, intensificará su campaña sindical y social para revertir lo que considera un abandono a los trabajadores del sector público.
Además, denuncian que el 33 % de las plazas ofertadas desde 2021 en procesos de estabilización siguen sin cubrirse. Bruselas mantiene abiertos dos expedientes contra España por incumplir el límite del 8 % de temporalidad.
Solo en el primer trimestre de 2025 se han destruido 92.100 empleos públicos. CSIF alerta de que el 60 % de los trabajadores tiene más de 50 años, lo que podría llevar al colapso del sistema si no se actúa ya.