Huelga y falta de diálogo: la sanidad ceutí choca contra Padilla
El malestar de los profesionales sanitarios con la Administración ha ido in crescendo a lo largo de junio en Ceuta, entre denuncias por falta de diálogo, una asamblea de facultativos, un choque directo con el secretario de Estado de Sanidad y un nuevo frente abierto a nivel nacional con la aprobación de un Estatuto Marco sin el respaldo de la profesión médica.
El primer episodio se remonta al 2 de junio, cuando la Organización Médica Colegial (OMC) lamentó a nivel nacional la aprobación en el Consejo de Ministros de un nuevo Estatuto Marco sin consenso con el colectivo médico. La organización reclamó que una norma destinada a ordenar el sistema sanitario debe contar necesariamente con los médicos, y expresó su confianza en que la tramitación parlamentaria permitiera aún incorporar las demandas de la profesión.
Tres días más tarde, el 5 de junio, el Sindicato Médico de Ceuta (SMC) denunció la diferencia de trato existente entre Ceuta y Melilla en la gestión de las 35 horas semanales. En Melilla, la Dirección del Área Sanitaria se había reunido con los profesionales del SUAP y el 061 y había acordado incorporar dos médicos y una enfermera al servicio de emergencias; en Ceuta, mientras tanto, las peticiones sindicales seguían sin respuesta. El SMC recordó que los profesionales del 061 ceutí habían decidido, ante el agotamiento acumulado, dejar de realizar actividad continuada extraordinaria desde ese mismo mes, mientras la renovación de la flota de ambulancias acumulaba retrasos e incidencias, como el caso de una de las nuevas unidades que ni siquiera pudo acceder a su aparcamiento habitual por un problema de altura no previsto.
El 16 de junio, el sindicato presentó un escrito ante la Dirección General del INGESA en el que denunciaba una posible obstrucción del derecho de huelga. Distintos responsables facultativos estaban recibiendo comunicaciones para corregir desviaciones en listas de espera, actividad quirúrgica y consultas externas, indicadores recogidos en el Acuerdo de Gestión 2026, un documento firmado solo entre el INGESA, la Dirección Territorial y la Gerencia, sin participación de los profesionales. A juicio del SMC, exigir el cumplimiento de esos objetivos mientras la propia huelga repercute inevitablemente sobre ellos introduce una presión que puede condicionar el ejercicio libre de un derecho fundamental.
Esa denuncia fue respaldada por unanimidad dos días después, el 18 de junio, en una asamblea de facultativos del Hospital Universitario de Ceuta que adoptó además nuevos acuerdos: apoyar una huelga médica autonómica en Ceuta tras el verano, rechazar la realización de peonadas mientras continúe el conflicto, y exigir a la Dirección Territorial del INGESA la regulación de las guardias localizadas, retribuidas en Ceuta a unos 10,5 euros por hora sin límites claros de disponibilidad ni compensaciones.
Ese mismo 18 de junio, CSIF, junto al resto de organizaciones sindicales del sector, hizo público su malestar por unas declaraciones de Javier Padilla en el Senado, al considerar que podían poner en peligro la tregua alcanzada con el INGESA, que había aceptado negociar de forma consensuada la implantación de la jornada de 35 horas tras la congelación de movilizaciones acordada como gesto de buena voluntad por los sindicatos. Para CSIF, la desconexión entre el discurso político y la mesa de negociación trasladaba a las plantillas la sensación de que la Administración carecía de un interés real en resolver un conflicto que, según denuncian, generó ella misma de forma unilateral.
La tensión llegó a su punto más alto el 19 de junio, cuando el SMC respondió con dureza a las palabras de Padilla, quien había defendido que Ceuta "ya no es una zona de difícil cobertura" y había cuestionado, días antes, si era ético dotar a la ciudad de una Unidad de Radioterapia o una UCI Pediátrica. El sindicato recordó que, apenas unos días antes de esas declaraciones, dos recién nacidos tuvieron que ser evacuados por vía marítima en pleno temporal al no existir una UCI Pediátrica en la ciudad, y consideró que lo realmente poco ético es obligar a un paciente con cáncer a cruzar el Estrecho y separarse de su familia para recibir radioterapia.
El SMC cuestionó además el cambio de criterio sobre la zona de difícil cobertura, señalando que ninguno de los problemas estructurales de la sanidad ceutí se ha resuelto: los salarios no han subido, las guardias localizadas siguen entre las peor pagadas del Sistema Nacional de Salud, persisten las vacantes de especialistas y continúa la dependencia de las derivaciones a la península. El sindicato recordó también que Ceuta y Melilla son los únicos territorios gestionados directamente por el Ministerio de Sanidad, y precisamente donde la conflictividad laboral alcanza sus niveles más altos, calificando a la ministra Mónica García y al propio Padilla como una de las mayores decepciones para la profesión médica.