El Gobierno Vivas anunciaba en agosto la renovación por cuatro años más al actual concesionario del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que alegaba “un importante perjuicio económico”, al haber paralizado la actividad durante 54 días por la declaración del estado de alarma (confinamiento).

Alega la concesionaria, su “gran” compromiso con nuestra ciudad que la ha llevado a inaugurar una nueva instalación en la zona portuaria, a que los vehículos del Ayuntamiento estén exentos de pago de la ITV y a un acuerdo con el sector del taxi para realizar “inspecciones periódicas visuales”.

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), le recuerda a la concesionaria que, “la nueva línea la montó bajo su interés empresarial”, dado que su pésima gestión del servicio en El Tarajal provocaba grandes colas, al no disponer de la cita previa ni ningún otro sistema. Además del retraso de la apertura de la estación del puerto, fue el concesionario, quien presento la documentación -mal- relacionándola con la legislación de una comunidad autónoma. “Tanto compromiso que acaba con el corta y pega”, se chancea el MDyC.

Para el MDyC, el trato de favor que el adjudicatario realiza al Gobierno local no cobrándole las obligatorias inspecciones, no supone prestar “el mejor servicio público a la ciudadanía”, pues esta debe seguir pagando los precios más caros de España a una empresa monopolística que, "se forra a costa de ceutíes", un acto que, “si no es delito, al menos es inmoral”, recrimina.

Queremos desde este medio hacer un apunte de que las ITV, son unas empresas recaudadoras "sin piedad", no es de recibió que un coche nuevo de cuatro años pase la inspección cuando todavía está pasando las revisiones obligatorias en el concesionario de compra. Estas, las de la casa oficial, deberían de estar convalidadas por Trafico, al menos durante el periodo mínimo obligatorio de garantía. El precio de las revisiones, triplica al de las ITV.

Desde el MDyC no entienden que, una concesión, no puede despacharse con un “puede calificarse como óptima, cuando las atenciones al cliente no lo son”.

Para el MDyC, la adjudicataria no se queja de que pierda dinero, sino de la reducción de ingresos y encima exige que “le ayudemos a bajar el canon que paga”, señala el Grupo municipal preguntándose que si el Gobierno local hará lo mismo con los adjudicatarios de naves y locales de la zona portuaria.

Para el MDyC, la prórroga por cuatro años más de la concesión de la ITV, ni mantiene el empleo, pues el propio informe de la empresa indica que, “mantendrá la plantilla ajustada a la actividad real en cada momento”, ni supone una mejora para los ceutíes, quienes como solución realizan la inspección en alguna ITV de otra comunidad, "una empresa pública".