Leonardo derrumba parte del muro perimetral de entrada a la antigua prisión de Los Rosales, un recinto abandonado desde hace años tras su cesión a la Ciudad en 2021 para su transformación en una instalación de utilidad pública.

El desprendimiento se produjo como consecuencia de las fuertes rachas de viento y la lluvia que trajo a la ciudad la borrasca Leonardo, sin que se hayan registrado daños personales. No obstante, la situación ha obligado a adoptar medidas de seguridad de carácter urgente para evitar riesgos en la zona y prevenir posibles intentos de ocupación.

Las imágenes del recinto tras el derrumbe contrastan con el estado que presentaba años atrás, cuando el perímetro se mantenía íntegro y el acceso estaba claramente delimitado. El deterioro progresivo de la infraestructura, sin actuaciones de conservación continuadas, ha convertido el antiguo centro penitenciario en un espacio vulnerable ante fenómenos meteorológicos adversos.

El suceso reabre el debate sobre la necesidad de intervenir de forma efectiva en el recinto, al menos para garantizar su seguridad, mientras se define el futuro de unas instalaciones afectadas por el paso del tiempo y la falta de uso, con el consiguiente aumento del riesgo estructural.

La Ciudad y Instituciones Penitenciarias, a través del director del Centro Penitenciario de Ceuta, Pablo García, formalizaron en agosto de 2021 la concesión demanial, por un periodo de 15 años, de la parcela que alberga la antigua prisión de Los Rosales.

La Ciudad valoraba la importancia de un espacio que permitiría atender diferentes circunstancias en el ámbito de menores y que posibilitaría ofrecer atención con plenas garantías a este colectivo.

El objetivo era mantener la entrada y algunas características del antiguo edificio para construir un inmueble con capacidad para albergar a más de un centenar de menores.

La Ciudad asumirá la construcción de este proyecto, al que se destinarán seis millones de euros a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

VOX siempre defendió la idea de realojar a los menores extranjeros no acompañados en el inmueble, mientras que el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) se oponía a la construcción del centro de menores en la antigua cárcel y no considera adecuada esa ubicación, tanto por el tiempo de cesión como porque la formación sostiene que existen otras necesidades más perentorias para los vecinos y otros servicios municipales que siguen sin cubrirse, tras los múltiples usos que se barajaron para el recinto, como el 112, Parque Móvil, Bomberos, Policía o un polideportivo.

Lo que sí subrayaba el partido que lidera Fátima Hamed es que la cesión de la parcela pone en duda la viabilidad del proyecto, dado que, según el MDyC, quince años es un periodo insuficiente para amortizar el elevado coste de construcción, superior a seis millones de euros. A ello se suma que el edificio requeriría unos tres años para su construcción y puesta en funcionamiento, lo que dejaría apenas doce años de uso efectivo para una infraestructura cuya vida útil podría alcanzar los cincuenta años.