La Comunidad de Madrid exige desde el pasado lunes empadronamiento para acceder a la tarjeta de transporte público. La medida, impulsada por Isabel Díaz Ayuso con el argumento de que el contribuyente madrileño no tiene por qué sufragar el transporte de quienes no residen oficialmente en la región, apuntaba principalmente a frenar el uso de ese beneficio por parte de inmigrantes sin regularizar. El problema es que el tiro ha salido por la culata y ha alcanzado a un colectivo que no tenía nada que ver: los universitarios de otras comunidades, entre ellos cientos de estudiantes ceutíes.

Para un joven de Ceuta que estudia en Madrid, empadronarse allí no es una opción neutra. Significa perder el descuento de residente que le permite volver a casa en barco o avión a un precio asumible. Y darse de baja del padrón de Ceuta tiene además otras consecuencias prácticas a la hora de regresar. En pocas palabras: o transporte barato en Madrid o vuelta asequible a Ceuta. No hay manera de tener las dos cosas.

El MDyC ha recibido quejas de estudiantes afectados y ha trasladado la preocupación al Ejecutivo local, en concreto a la Consejería de Educación. La formación reconoce que el Gobierno de Ayuso podría estar buscando una salida mediante convenios con las comunidades autónomas de origen del alumnado, pero advierte que ese proceso puede alargarse meses. Y el calendario no perdona: los estudiantes están haciendo las maletas al acabar el curso y en septiembre volverán a Madrid sin saber si el problema está resuelto.

El MDyC reclama al Ejecutivo ceutí que medie con urgencia para que ningún joven empadronado en Ceuta se vea obligado a elegir, como resume la propia formación, entre su economía y su identidad.