CSIF ha pedido al Gobierno que elimine de una vez la tasa de reposición en el empleo público y que imponga sanciones ejemplares a quienes sigan abusando de la temporalidad. La demanda se produce tras el recorte de fondos europeos a España, motivado en parte por no cumplir con el compromiso de reducir esta práctica, que en el ámbito público triplica la del sector privado.

El sindicato denuncia que esta tasa, que el Gobierno quiere mantener en la próxima oferta de empleo, bloquea la contratación estable en servicios esenciales como la sanidad y la educación, forzando a recurrir a interinos y personal eventual. CSIF insiste en que los responsables de estos abusos deberían afrontar responsabilidades civiles si incumplen los límites legales.

También exigen negociar ya un nuevo acuerdo salarial, tras años de congelación. Reclaman una subida del 2,8 % para acompasar sueldos al IPC, lo que supondría una media de 374 euros por empleado. Según sus cálculos, el Estado estaría reteniendo unos 1.112 millones de euros.

Además, CSIF ha trasladado sus reivindicaciones al ministro de Transformación Digital y de la Función Pública y avisa: volverán a las movilizaciones si no hay avances.