La polémica en la empresa municipal de limpieza, SERVILIMPCE, dependiente de la Consejería de Servicios Urbanos, comenzó tras las informaciones sobre horas extraordinarias y bajas médicas.

El sindicato Solidaridad denunció la situación "insostenible" en SERVILIMPCE y reclamó mayor transparencia en la investigación de las bajas médicas masivas y en el control de las horas extra. Respaldó medidas extraordinarias como la contratación de un detective privado, siempre dentro de la legalidad y, según el sindicato, ante supuestas irregularidades de un cargo intermedio que habría llegado a asignarse 105 horas sin control.

CCOO se sumó a las críticas, exigiendo el pago de las horas extraordinarias a la plantilla y una investigación de la supuesta irregularidad cometida por dicho cargo, dejando claro que los trabajadores no deben ser castigados por una mala gestión ajena.

El sindicato SITA intervino para tranquilizar a la plantilla, recordando que las horas extra en las entidades públicas suelen abonarse en un plazo de hasta tres meses. También denunció la situación de las bajas laborales en la empresa y reclamó a la Ciudad la resolución definitiva del convenio colectivo, pendiente desde diciembre de 2023.

Además, SITA planteó la necesidad de habilitar nuevos puntos limpios gratuitos en distintos barrios de Ceuta para combatir la acumulación de enseres y escombros en la vía pública, apelando a la colaboración ciudadana.

Frente a las críticas sindicales, la Ciudad defendió que las horas extra realizadas en julio y agosto se ajustaron estrictamente a la normativa laboral, tanto en el límite anual de 80 horas como en la justificación por parte de la dirección y gerencia. Precisó que se destinaron a la puesta en marcha y cierre de la Oferta Pública de Empleo, que permitió contratar a 15 trabajadores y crear una bolsa de 251 personas para cubrir bajas y contingencias; a servicios extraordinarios en el taller; y a labores esenciales como la Feria, la cabalgata, la procesión de la Virgen de África y, en general, las Fiestas Patronales. Subrayó que todo se realizó con la preceptiva aprobación del Consejo de Gobierno. Asimismo, aclaró que las nóminas de la plantilla se abonaron con normalidad.

El conflicto laboral y de gestión sigue abierto, con reclamaciones sindicales y críticas por falta de transparencia. En este punto, se invoca el derecho a la información y la rendición de cuentas previstos en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a fin de garantizar un servicio de limpieza estable en la ciudad.