El Consejo de Ministros ha aprobado este pasado lunes la subida salarial extra del 0,5 % para más de tres millones de empleados públicos. Esta medida se recoge en un acuerdo firmado en 2022 entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, con el objetivo de modernizar la función pública.

La subida será retroactiva desde el 1 de enero de 2024 y se abonará en forma de paga de atrasos. A partir de entonces, ese incremento quedará consolidado en las nóminas. El cálculo se realiza sobre el salario vigente a finales de 2023, tras comprobarse que la inflación acumulada desde 2022 superaba el límite fijado en el acuerdo.

Desde CSIF recuerdan que este abono llega tras meses de presión sindical, con movilizaciones y reclamaciones ante el Gobierno, incluida una protesta formal en mayo. El sindicato pide ahora una negociación urgente para pactar una nueva subida en 2024, además de medidas como eliminar la tasa de reposición, implantar la jornada laboral de 35 horas, avanzar en carrera profesional y lograr la equiparación salarial entre administraciones.

Según CSIF, la congelación salarial ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 8 % desde el último acuerdo, y cercana al 20 % si se toma como referencia el recorte de 2010. Además, calculan que la Administración central mantiene sin aplicar 1.800 millones de euros en subidas pendientes.