El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley del tabaco, que ahora pasa a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. Es la reforma más profunda de la normativa estatal contra el tabaquismo en más de una década.

El cambio más llamativo afecta a los menores de edad: hasta ahora la ley prohibía venderles tabaco, pero no fumarlo. Con la reforma, consumir tabaco será ilegal para un menor, no solo comprarlo. Es la primera vez que la norma pone el foco directamente en el propio acto de fumar de un adolescente, y no solo en quien se lo vende o se lo facilita.

La reforma también amplía de forma notable los espacios libres de humo: terrazas de bares y restaurantes, playas, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, parques nacionales y recintos donde se celebren espectáculos públicos, aunque sean al aire libre. Se crean además zonas de protección reforzada: no se podrá fumar a menos de 15 metros de la entrada de centros sanitarios, colegios, universidades, museos, bibliotecas o parques infantiles.

Los cigarrillos electrónicos, las shishas y otros productos que imitan el acto de fumar quedan sometidos a las mismas restricciones que el tabaco tradicional allí donde esté prohibido fumar. Las bolsas de nicotina no entran en esa equiparación, aunque su consumo también quedará vetado para los menores. El Gobierno justifica la medida en el crecimiento del uso de estos productos entre los adolescentes en los últimos años.

La venta de todos estos productos quedará limitada a tiendas especializadas, que no podrán exhibir publicidad ni cartelería visible desde el exterior. La ley también refuerza las restricciones publicitarias en cualquier medio, incluidos internet y las máquinas expendedoras, y prohíbe que presentadores o invitados aparezcan fumando o mostrando marcas de tabaco en televisión.

El texto recupera además el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, suprimido en 2014, que se encargará de fijar objetivos de reducción del tabaquismo y de vigilar el cumplimiento de la ley. La norma entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, con dos meses de plazo para adaptar la señalización de los espacios afectados.