Los sobrecostes de una desescalada segura y la reconfiguración de los servicios para garantizar buenos apoyos en la nueva normalidad deben contar con líneas de financiación garantizadas.
Como subrayan desde la AEFT, la importancia de esta reforma recae en el reconocimiento de que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones.
El impacto del COVID19 sobre el aprendizaje de estos chicos y chicas exige de medidas compensatorias, en opinión de la organización con más CEE en España
140.000 personas con discapacidad intelectual ha presentado propuestas para mejorar la norma y exigen que se visibilicen las necesidades de estas personas y sus familias y que asegure y refuerce...
El Senado debate una propuesta de modificación de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para incorporar la regulación de la accesibilidad...
La regulación ignora lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y cuestiona la prestación por hijo a cargo que ahora ayuda a miles de...
Se demanda compatibilidades en la ayuda con la que incentivar el empleo para quienes tienen la tasa de actividad más baja (37’559 y mayor paro del país (31%).
La confederación que agrupa a 935 entidades que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias destaca el papel de las ONG de Acción Social...
Plena inclusión estima que se necesitan en torno a 300 millones de euros de inyección económica para todas las adaptaciones que exigen esta primera fase.
La organización de referencia sobre discapacidad intelectual o del desarrollo defiende que la tramitación parlamentaria del anteproyecto de la LOMLOE profundice en la extensión de la educación...
En los 1.016 centros residenciales de Plena inclusión han muerto hasta hoy 165 personas, 1.839 se han contagiado del COVID-19 y 2.782 con síntomas, pero sin que se les haya hecho el test.
Representantes de la organización han planteado sus propuestas a la secretaria general de Políticas de Inclusión, Milagros Paniagua, en una reunión de trabajo.
Estas salidas a la calle, pese a estar autorizadas por el decreto ley del Estado de Alarma, han generado en ocasiones agresiones verbales por parte de personas desinformadas.
La confederación, que gestiona más de 1.000 residencias y pisos tutelados, solicita material de protección, personal sanitario y otros servicios esenciales.