La Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ha condenado a la exvicepresidenta de la Ciudad, Mabel Deu (PP), y a la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos (PSOE), a nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La sentencia considera probado que ambas vulneraron la Ley de Extranjería y la Convención sobre los Derechos del Niño al ordenar la devolución a Marruecos de 55 menores no acompañados en agosto de 2021.

El tribunal subraya que las repatriaciones se hicieron sin expedientes individualizados, sin derecho de audiencia ni asistencia letrada, y sin intervención de la Fiscalía. La justificación en el acuerdo bilateral de 2007 con Marruecos ha sido rechazada al considerarse al margen de la normativa nacional e internacional.

La condena llega tras la llamada “crisis migratoria” de mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas, entre ellas 1.500 menores, entraron en Ceuta en apenas 48 horas. En ese contexto, entre el 13 y el 16 de agosto se organizaron expulsiones en grupos de 15 al día, sin que la Fiscalía fuese informada ni se garantizasen derechos básicos. La jefa del Área de Menores, Antonia Palomo, había advertido por escrito de la ilegalidad del procedimiento.

La Fiscalía pidió 12 años de inhabilitación y las acusaciones particulares 15, además de la retirada de honores vinculados a los cargos, medida aceptada por el tribunal. La propia Ley de Régimen Jurídico del Sector Público contempla que una condena por delito doloso conlleve la pérdida de condecoraciones o medallas concedidas en el ejercicio de un cargo público.

Durante el juicio, Deu y Mateos insistieron en que actuaron siguiendo instrucciones del Ministerio del Interior. La presidenta del tribunal, Rosa de Castro, ordenó un careo con el entonces secretario de Estado, Rafael Pérez, quien negó haber dado orden alguna. El documento exhibido carecía de firma y sello oficial.

Para Mohamed Mustafa responsable de Ceuta Ya, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, siempre defendió que asumía la responsabilidad política de aquellas devoluciones. En su día declaró que “instó, conoció y autorizó todas las actuaciones llevadas a cabo por su vicepresidenta”. Ahora, Mustafa lanza la pregunta:

“Si Vivas asume la responsabilidad, la sentencia implica nueve años de inhabilitación. ¿Será coherente el señor Vivas y dimitirá?”.

El caso destapa la falta de coordinación institucional y la vulneración de derechos fundamentales. Organizaciones como No Name Kitchen, Maakum Ceuta, ELIN, Fundación Raíces y Andalucía Acoge ya denunciaron que las repatriaciones fueron ilegales, sin asistencia jurídica ni procedimiento individualizado, contraviniendo incluso la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde 2008. Además, varias ONG advirtieron que tampoco se respetó la posibilidad de que los menores pudieran formalizar solicitudes de asilo, vulnerando así su derecho a pedir protección internacional.

La sentencia, contra la que cabe recurso, marca un antes y un después en la gestión de menores migrantes en situaciones de crisis y apunta directamente a la actuación de las más altas instituciones en Ceuta.