En plena madrugada, Estados Unidos ejecutó una ofensiva militar en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La operación, desarrollada con precisión quirúrgica, dejó a Caracas sumida en el caos, con ataques a objetivos estratégicos y un silencio oficial que duró apenas unas horas.

El expresidente estadounidense Donald Trump confirmó la operación y anunció que Maduro y Flores habían sido trasladados fuera del país. Según Washington, el objetivo es desmantelar una red de narcotráfico internacional y garantizar una transición democrática, para lo cual Estados Unidos asegura que asumirá temporalmente el control político de Venezuela.

Desde el Palacio de Miraflores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció la acción como una "agresión imperialista" y exigió pruebas de vida de ambos dirigentes. Al mismo tiempo, Caracas solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Su representatividad en el organismo ha sido motivo de controversia desde las elecciones cuestionadas de 2018. Numerosos países dejaron de reconocer a Maduro como presidente electo. En 2019, Juan Guaidó se proclamó presidente encargado del Ejecutivo, amparado en la interpretación del artículo 233 de la Constitución venezolana y con el respaldo de varias potencias internacionales.

En 2024 se celebraron nuevas elecciones presidenciales. María Corina Machado, inhabilitada, respaldó la candidatura de Edmundo González Urrutia como aspirante de la oposición unificada. El chavismo mantuvo el poder tras un proceso cuestionado por su falta de garantías democráticas. Trump, por su parte, ha descartado a Machado como figura válida para liderar la transición, alegando que no cuenta con suficiente respaldo popular dentro del país.

En las calles, la población osciló entre el pánico y la esperanza. Las explosiones provocaron apagones, cortes de comunicaciones y un despliegue de tropas venezolanas, mientras sectores opositores celebraban lo que ven como el fin de una era chavista. Fuera del país, las reacciones comenzaron a llegar con cautela. Varios gobiernos y organismos internacionales han expresado preocupación por la escalada militar y han pedido contención y una salida política, sin que hasta el momento se haya articulado una respuesta internacional coordinada.

Aunque Trump aseguró públicamente que Maduro y su esposa fueron trasladados fuera de Venezuela y serán procesados por narcoterrorismo, el Gobierno venezolano exige pruebas de vida, pese a que Estados Unidos difundió una fotografía en la que solo aparece Maduro bajo custodia. Tampoco está claro cómo se implementará el supuesto gobierno provisional anunciado por Washington ni qué actores internos o internacionales participarían en esa transición.

En España, las reacciones han sido dispares. Desde el Gobierno, el presidente Pedro Sánchez ha insistido en que España no respaldará una intervención que viole el derecho internacional, mientras pide una solución negociada. El PP ha urgido a apoyar la transición democrática y ha criticado la ambigüedad del Ejecutivo. Vox ha celebrado la caída de Maduro como una victoria para la libertad.

Podemos y otros grupos de izquierda han condenado la acción de EE. UU. como un ataque imperialista y han exigido al Gobierno que se posicione con firmeza contra la operación militar. En el caso de Podemos, la formación ha llegado a pedir la ruptura de relaciones con Estados Unidos y la salida de España de la OTAN, acusando al Ejecutivo de tibieza ante lo que consideran una agresión.

Sumar también ha condenado la ofensiva, aunque sin ir tan lejos en sus propuestas. EH Bildu ha rechazado con contundencia la intervención militar estadounidense y ha defendido la soberanía de Venezuela como principio irrenunciable. Desde ERC, se ha exigido la comparecencia urgente del ministro de Exteriores para que aclare la postura del Ejecutivo, mientras Gabriel Rufián ha calificado la operación como un secuestro y un acto de agresión.

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que la Unión Europea apoya al pueblo de Venezuela y respalda una transición pacífica y democrática. Subrayó que cualquier solución debe respetar el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas.