La huelga de facultativos convocada a nivel estatal ha tenido un seguimiento muy reducido en los centros dependientes del INGESA, con apenas 35 profesionales secundando el paro entre más de seiscientos convocados.

El organismo insiste en restar importancia a la incidencia y mantiene el mensaje de normalidad en la actividad asistencial, pese al repunte registrado a lo largo de la semana.

Sin embargo, el discurso del Instituto va más allá de los datos. No solo resta relevancia al seguimiento, sino que carga contra la convocatoria, a la que vincula con un sindicato "corporativo" que, a su juicio, busca un trato diferenciado para los médicos dentro del sistema sanitario.

El pulso se centra en el rechazo de este colectivo al proyecto del Estatuto Marco, respaldado por otras organizaciones sindicales, mientras la huelga se mantiene activa a nivel estatal.

En paralelo, el organismo ha endurecido su posición y, en un comunicado reciente, arremete contra la senadora del PP Isabel Moreno, a la que acusa de "ignorancia" y de "mentir flagrantemente" sobre la gestión sanitaria en Ceuta y Melilla.

El cruce de declaraciones confirma que el conflicto ha dejado de ser únicamente laboral y se mueve ya en el terreno político, en un contexto en el que el INGESA no solo informa, sino que también construye un relato para desactivar el impacto de la protesta.

El Sindicato Médico de Ceuta (SMC), integrado en la CESM, sostiene que la huelga responde a problemas estructurales del sistema sanitario local: falta de especialistas, derivaciones constantes a la península y sobrecarga asistencial.

El colectivo reclama un Estatuto Profesional propio y advierte de que la ciudad sigue siendo de difícil cobertura, con retrasos en consultas y especialidades sin cubrir. Asegura, además, que la movilización no es contra los pacientes, sino en defensa de la sanidad pública.

El sindicato ha elevado también el tono en defensa del trabajo informativo tras un incidente reciente en un acto público, donde denuncia intentos de desacreditar a una periodista. A su juicio, cuestionar públicamente a quien informa desde posiciones institucionales supone una presión inaceptable y busca que la próxima vez se calle.