La implantación de la jornada laboral de 35 horas en el INGESA, prevista para el 1 de junio, ha pasado de presentarse como una mejora histórica para los profesionales sanitarios a convertirse en un nuevo frente de conflicto entre la Administración y los sindicatos. La medida reduce la jornada anual ordinaria, pero su aplicación ha abierto una batalla sobre plantillas, turnos, guardias, nocturnidad, permisos y servicios especiales como el SUAP y el 061.

El Instituto defiende que la nueva regulación supone trabajar menos horas sin pérdida retributiva. Según el propio INGESA, la jornada anual pasa de 1.645 a 1.533 horas, lo que implica 112 horas menos al año para la plantilla. A esa reducción suma un permiso retribuido de siete horas, por lo que la rebaja efectiva alcanzaría las 119 horas anuales para el turno central. En el caso del personal por turnos, el organismo sostiene que la reducción puede llegar hasta las 1.420 horas anuales, antes incluso de aplicar días adicionales por antigüedad.

El Instituto ha respondido con contundencia a las críticas sindicales. En un comunicado titulado “Información veraz en la reducción sobre la jornada a 35 horas semanales”, acusa a algunas voces de difundir errores y falsedades sobre los efectos de la medida. También niega que exista un recorte de derechos y sostiene que el personal de sus áreas sanitarias y del Centro Nacional de Dosimetría de Valencia es el primer colectivo del Ministerio de Sanidad que tiene confirmada la aplicación de la nueva jornada desde el 1 de junio.

CEMSATSE: imposición, pérdida de derechos e impugnación judicial

CEMSATSE fue uno de los sindicatos que abrió el frente más duro tras la Mesa Sectorial. La organización denuncia que el Instituto ha actuado con un “talante autoritario” y sin voluntad real de negociación. A su juicio, la reducción de jornada llega acompañada de una pérdida de derechos consolidados y de una resolución impuesta por la Administración.

El sindicato sitúa el principal retroceso en la ponderación de la nocturnidad. Según CEMSATSE, el coeficiente aplicado hasta ahora era de 1,19 y la propuesta del INGESA lo rebajaría a 1,08. Para la organización, esa modificación supone un recorte claro para los profesionales que trabajan de noche.

La crítica se extiende también al 061 y al SUAP, a los que CEMSATSE considera los grandes olvidados de la nueva regulación. El sindicato sostiene que estos colectivos quedan fuera de una mejora real de la ponderación de jornada, pese a la carga asistencial y organizativa que soportan.

CEMSATSE añade otros agravios: el abono de las guardias de los sábados como si fueran días laborables, la reducción de los días de libre disposición de ocho a siete en 2026, la eliminación de compensaciones por trabajar los días 24 y 31 de diciembre y una flexibilidad horaria que, según denuncia, obliga después a devolver íntegramente las horas disfrutadas. Ante ese escenario, la organización anuncia que impugnará la resolución en los tribunales cuando sea publicada oficialmente.

CSIF también cargó contra el Ministerio de Sanidad y contra el Instituto tras la Mesa Sectorial. El sindicato considera que la adaptación de las 35 horas deja al Instituto en una de las peores posiciones del sistema sanitario en comparación con otros servicios de salud que ya aplican esa jornada.

Su principal reproche es la ausencia de una negociación efectiva. CSIF sostiene que la Administración recibió propuestas sindicales, pero mantuvo una posición cerrada y rechazó mejoras que, a juicio de la central, eran necesarias para evitar agravios.

El sindicato reclama una ponderación nocturna de 1,30, frente al 1,08 que atribuye a la propuesta de la Administración. También denuncia que el personal del 061 y del SUAP mantiene una situación desigual, al conservar una jornada de 1.524 horas anuales mientras otros colectivos ven reducida la suya en más de cien horas.

CSIF alerta además del impacto sobre el personal médico que realiza guardias, al que atribuye un aumento de la jornada complementaria de casi 80 horas anuales. La organización no descarta acudir a la vía judicial ni convocar huelga si la resolución definitiva confirma lo que considera un perjuicio para los trabajadores.

En una nota posterior, CSIF expresó también su preocupación por la falta de una resolución clara a pocos días de la entrada en vigor de las 35 horas. El sindicato advertía de que los profesionales seguían sin conocer con exactitud cómo se aplicaría la medida en los turnos rotatorios, nocturnos, SUAP, 061 y guardias médicas.

CCOO parte de una posición distinta: valora la jornada de 35 horas como una reivindicación histórica y un avance para la conciliación, la salud laboral y la calidad de vida de los profesionales. Sin embargo, advierte de que esa mejora puede convertirse en un problema añadido si no va acompañada de un refuerzo real de plantilla.

La organización insiste en que reducir horas sin aumentar efectivos supone concentrar la misma carga asistencial en menos tiempo. En un sistema ya tensionado, tanto en Atención Primaria como en el Hospital Universitario, CCOO considera que esa aplicación puede deteriorar las condiciones laborales y la calidad de la asistencia sanitaria.

En Atención Primaria, el sindicato plantea una reorganización concreta: cerrar los centros de salud los sábados y que esa cobertura sea asumida por el SUAP, siempre con el refuerzo necesario de personal. Para CCOO, mantener abiertos los centros de salud los sábados en un escenario de reducción de jornada detraería profesionales de los días laborables, cuando se concentra la mayor carga asistencial.

En el ámbito hospitalario, CCOO reclama una evaluación real del impacto de las 35 horas en turnos, descansos y cobertura de servicios. También pide abrir una mesa de negociación para actualizar el funcionamiento del SUAP y del 061, con una normativa que considera obsoleta ante el nuevo marco horario.

Con el paso de los días, el tono de CCOO se endurece. En una nota posterior, la organización denuncia que la implantación de las 35 horas se está convirtiendo en “un engaño sin refuerzo de plantilla y con recorte de derechos”. Acusa al INGESA de aplicar la medida tarde, mal y sin garantías, y de utilizar una conquista sindical para imponer una nueva vuelta de tuerca sobre unas plantillas ya sobrecargadas.

El conflicto no está en la reducción de jornada como concepto. Ningún sindicato discute que las 35 horas sean una mejora laboral. La discrepancia aparece en la forma de aplicarlas. Para las centrales sindicales, el INGESA pretende vender como avance una medida que, sin refuerzos suficientes, puede terminar generando más presión sobre los mismos profesionales.

La nocturnidad es uno de los principales campos de batalla. Los sindicatos hablan de una reducción de derechos al pasar del coeficiente de 1,19 al 1,08. El Instituto, sin embargo, niega ese dato y asegura que el factor real es 1,119, aplicado mediante la fórmula del Servicio Andaluz de Salud. La diferencia no es menor: para la Administración, las críticas se apoyan en una lectura falsa de la resolución; para los sindicatos, la nueva regulación rebaja la protección del trabajo nocturno.

Otro foco está en el 061 y el SUAP. Mientras las organizaciones sindicales denuncian que quedan excluidos o reciben un trato desigual en la nueva regulación, el Instituto defiende que no es legalmente posible modificar la jornada de estos servicios en esta resolución y que actualizará su normativa específica, vigente desde 2007, mediante una norma propia.

También hay choque en vacaciones, permisos y conciliación. CEMSATSE denuncia pérdida de días de libre disposición, eliminación de compensaciones y una flexibilidad horaria sin efecto real si las horas deben devolverse íntegramente. El Instituto, por su parte, sostiene que la resolución mantiene el calendario vacacional ya fijado para evitar perjuicios y reconoce nuevos derechos en permisos, formación, vacaciones, flexibilidad horaria y conciliación.

Una conquista laboral convertida en disputa organizativa

La jornada de 35 horas llega al INGESA con una paradoja evidente. Sobre el papel, es una mejora: menos horas de trabajo y las mismas retribuciones. En la práctica, su aplicación ha destapado una discusión mucho más profunda sobre la organización sanitaria en Ceuta y Melilla, la falta de personal, el peso de las guardias, la nocturnidad y la atención continuada.

Los sindicatos coinciden en una idea: sin más plantilla, planificación y negociación real, la reducción de jornada puede acabar trasladando el coste organizativo a los trabajadores y al propio servicio sanitario. El Instituto responde que la medida aporta derechos, reduce de forma notable la jornada anual y que buena parte de las críticas se basan en bulos o en una lectura interesada de la resolución.

A pocos días de su entrada en vigor, las 35 horas ya no son solo una mejora laboral. Se han convertido en el termómetro de la relación entre el INGESA y sus profesionales, y en una prueba sobre si la reducción de jornada se aplicará como un avance real o como una reforma discutida hasta el último minuto por quienes tendrán que sostenerla en los centros de salud, las urgencias, el 061, el SUAP y el Hospital Universitario.