Ceuta se encuentra inmersa en una crisis sin precedentes en materia de salud mental. Tras la baja del último psiquiatra en activo en el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), la ciudad ha quedado completamente desatendida en esta especialidad. El resultado: pacientes derivados a la península, consultas canceladas, casos urgentes sin cobertura y profesionales sin formación obligados a asumir situaciones de riesgo.

El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha denunciado que, desde el pasado 14 de julio, no queda ni un solo psiquiatra operativo. Tres facultativos están de baja por causas vinculadas al entorno laboral y una por maternidad. La última baja se produjo tras forzar a un profesional con exención de guardias a reincorporarse a turnos que había sido autorizado a evitar por motivos de salud.

La situación ha obligado a derivar pacientes al Hospital de Puerto Real (Cádiz), dejando a Ceuta sin servicio psiquiátrico en urgencias, sin atención a pacientes ya ingresados y sin capacidad para abordar brotes psicóticos o intentos autolíticos. En algunos casos, la atención ha sido asumida por internistas sin formación especializada, lo que supone un riesgo sanitario y una vulneración de derechos.

El sindicato califica la gestión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) de "negligente e ineficiente" y advierte de posibles responsabilidades legales si se producen desenlaces graves. Reclaman al Ministerio de Sanidad un plan urgente de contingencia para restablecer la atención psiquiátrica en la ciudad y evitar un colapso absoluto.

Ceuta Ya! recurre al Defensor del Pueblo

Ante este escenario, la dimensión política no se ha hecho esperar. Ceuta Ya! había remitido el 29 de mayo una carta al Defensor del Pueblo alertando de esta situación, especialmente en el ámbito infantojuvenil. En ella, Mohamed Mustafa denunciaba un "estado inconstitucional" en el tratamiento de la salud mental y pedía una intervención urgente.

El organismo ha respondido. En una carta firmada por la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, el Defensor del Pueblo comunica que valora iniciar una actuación de oficio para supervisar las actuaciones del INGESA, acogiéndose al artículo 9 de la Ley Orgánica 3/1981.

Desde Ceuta Ya! valoran "muy positivamente" esta respuesta. La diputada Julia Ferreras, psicóloga de profesión, asegura que lo que ocurre en Ceuta "es absolutamente escandaloso, insostenible e inaceptable" y confía en que la intervención del Defensor del Pueblo derive en medidas contundentes.

El escenario, según advierten sindicatos y formaciones políticas, no es una emergencia puntual, sino el resultado de años de advertencias ignoradas. El verano solo ha precipitado un colapso que lleva demasiado tiempo fraguándose.