El INGESA ha vuelto a responder con dureza a las críticas por la implantación de la jornada laboral de 35 horas y ha acusado a quienes cuestionan la medida de no haber leído la resolución, omitir su contenido real e incluso “inventar datos de origen desconocido”.

El nuevo comunicado del Instituto llega después de varios pronunciamientos sindicales y profesionales sobre la aplicación de la nueva jornada en sus centros sanitarios. Bajo el título “Con la verdad por delante, inasequibles al desaliento”, el organismo insiste en que continuará explicando el contenido real de la resolución, corrigiendo errores y aclarando confusiones.

La respuesta mantiene la línea del comunicado anterior, pero eleva el tono frente a lo que califica como “carrusel de exóticas manifestaciones”. El INGESA defiende que lo aprobado no es una decisión aislada ni discrecional, sino la adaptación al ámbito de sus centros asistenciales de la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública del 14 de abril, publicada en el BOE del 15 de abril, de aplicación obligatoria en la Administración General del Estado.

La réplica llega además en un clima ya cargado en Melilla, donde las críticas a la gestión del Instituto han saltado del terreno sindical al de la sátira pública, incluso con vídeos que ironizan sobre los sueldos de sus responsables.

El Instituto subraya que la jornada de 35 horas se está implantando con normalidad en el resto de organismos y que las objeciones planteadas en Melilla tienen, a su juicio, un carácter singular. La réplica se dirige de forma expresa al Colegio Oficial de Enfermería de Melilla, al que acusa de sumarse a una escalada retórica pese a reconocer que carece de competencias en la materia.

El choque por los “derechos adquiridos”

Uno de los puntos centrales del comunicado es la discusión sobre los supuestos “derechos económicos adquiridos”. El INGESA rechaza esa interpretación y sostiene que, en el ámbito de la Función Pública, no existen derechos adquiridos en los términos planteados por quienes critican la resolución.

El organismo insiste, además, en que la reducción del tiempo de trabajo no puede presentarse como una pérdida económica. Al contrario, defiende que trabajar menos horas con la misma retribución implica, de hecho, una mejora del precio abonado por cada hora trabajada.

En ese punto, el Instituto deja abierta la vía del conflicto jurídico. Afirma que quien considere que la reducción de jornada implantada por mandato legal es contraria a la legislación vigente tiene expedito el acceso a los juzgados y tribunales.

La batalla del coeficiente nocturno

El segundo frente vuelve a ser la ponderación de las horas nocturnas. El comunicado rechaza el coeficiente de 1,09 citado por el Colegio de Enfermería de Melilla y lo califica de “inventado”. El INGESA afirma que la resolución aplica un factor de 1,119 mediante la misma fórmula que el Servicio Andaluz de Salud.

El Instituto también niega que las guardias nocturnas tengan ahora menos compensación que hace tres décadas. Su argumento es que esas guardias no se ponderan ni ahora ni antes porque no forman parte de la jornada ordinaria de 1.533 horas, sino de la jornada complementaria, que no es ponderable.

Con ello, el INGESA intenta desmontar uno de los reproches más repetidos en torno a la aplicación de las 35 horas: que la nueva regulación rebaja la protección de la nocturnidad o empeora la compensación de determinadas guardias.

Control horario y cumplimiento de jornada

El comunicado introduce además un elemento nuevo en la disputa: la futura obligatoriedad del control horario de asistencia y presencia en el puesto de trabajo. El INGESA sugiere que esa medida puede estar detrás de parte del rechazo a la nueva jornada.

El organismo sostiene que el control horario viene impuesto junto a la jornada de 35 horas para toda la Administración General del Estado y que no debería preocupar a quienes cumplen con sus horarios. En ese apartado, apela directamente a la ciudadanía al recordar que los salarios de los empleados públicos se sufragan con impuestos y que esos trabajadores deben cumplir sus obligaciones laborales como cualquier otro ciudadano.

El argumento de la plantilla

El comunicado también entra en el debate sobre los recursos humanos. Frente a las críticas que alertan de falta de personal y de presión asistencial, INGESA defiende el esfuerzo realizado en contratación y asegura que ese incremento ha aliviado la situación, especialmente tras el cierre de la frontera con Marruecos.

Según los datos aportados por el Instituto, la presión asistencial habría disminuido un 34%. También señala que, desde 2017, la dotación de enfermeras en Atención Hospitalaria de Melilla ha aumentado en 84 profesionales, pasando de 231 en 2017 a 315 en 2025, lo que supone un incremento del 36%.

En Atención Primaria, el INGESA añade que la ratio de pacientes por enfermera ha bajado desde 2019 en 210 pacientes, un 12%. El cuadro incluido en el comunicado sitúa esa ratio en 1.725 pacientes por enfermera en 2019 y en 1.518 en 2025.

Una réplica que confirma el pulso abierto

La nueva respuesta del INGESA no rebaja el conflicto, sino que lo confirma. El Instituto mantiene que la jornada de 35 horas supone una mejora objetiva: menos tiempo de trabajo, mismas retribuciones y más derechos. Frente a ello, sindicatos y colectivos profesionales han venido alertando de recortes, falta de negociación, problemas de plantilla, nocturnidad, guardias y servicios especiales.

La diferencia ya no está solo en los datos, sino en la interpretación de fondo. Para el INGESA, las críticas se apoyan en errores, confusiones o informaciones inventadas. Para quienes cuestionan la aplicación de la jornada, el problema no es trabajar menos, sino cómo se organiza esa reducción y qué efectos reales tendrá en los servicios.

A pocos días de la entrada en vigor de las 35 horas, el debate sigue creciendo. El Instituto endurece su defensa, reclama acudir a la resolución y aporta cifras de plantilla y presión asistencial para sostener su posición. Pero el tono de la réplica deja claro que la implantación de la nueva jornada no ha cerrado el conflicto: lo ha situado en una fase de confrontación pública todavía más directa.